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    Incoterms 2020-La mayor guía en español: EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP, FAS, FOB, CFR y CIF. 2ª PARTE

    Contenido de esta página:

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    En el menú principal tienes información sobre inteligencia de mercados para la exportación e internacionalización.

    ¿Y si no cobro? Ley y jurisdicción aplicable y competente.

    Como en cualquier negocio, no hay que distinguir entre sí este es nacional o internacional, así que tenemos tres opciones principales.

    • Intentar llegar a un acuerdo amistoso, bien directamente, o a través de un tercero ajeno a las partes, aunque esto signifique dejar de ganar el dinero previsto en la operación.
    • Los tribunales de justicia. El problema es que cada una de las partes va a querer imponer que sean los tribunales de su propio país.
    • Y, por último, y posiblemente, el mejor pacto a través del arbitraje comercial internacional.

    Si se emite desde un país firmante, y el país donde se debe ejecutar el laudo, son ambos países firmantes de la Convención de Nueva York de 1958, (Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras), la tasa de ejecutabilidad del laudo es muy alta, a diferencia de una sentencia judicial.

    En estos momentos los firmantes son 172

    Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958) («Convención de Nueva York»)

    https://uncitral.un.org/es/texts/arbitration/conventions/foreign_arbitral_awards

    En el caso de la U.E es un reconocimiento automático para sentencias emitidas por sus miembros según el reglamento 1215/2010 de 12 diciembre.

    En un plazo de 6 meses se emite el laudo desde que se admite el arbitraje. Por tanto, es un proceso rápido.

    Los costos se conocen de antemano. Por ejemplo:

    http://arbitramadrid.com/calculador-de-costes

    Por la posibilidad de elegir a los árbitros, eligiendo por tanto especialistas en la materia, a diferencia de un juez, que digamos, es generalista en todo y especialista en nada, y sujeto a la opinión de peritos externos.

    La posible desventaja es que, una vez emitido el laudo, éste no es recurrible, no cabe recurso ordinario, siendo el laudo una decisión firme.

    No obstante, cabe interponer acción de anulación del laudo por motivos tasados.

    RECUERDA Y TEN CUIDADO.

    SI NO PACTAS EL ARBITRAJE, ENTONCES SERA LA VÍA JUDICIAL CORRESPONDIENTE.

    SI NO SE PACTA UN JUZGADO COMPETENTE DETERMINADO, EL INCOTERM PACTADO SI LO DETERMINARA.

    DAP MADRID – JUZGADOS DE MADRID / DAP MEXICO – JUZGADOS DE MEXICO

    Arbitraje de la CCI.

    https://www.iccspain.org/arbitraje/

    https://www.international-arbitration-attorney.com/es/settlement-and-icc-arbitration/

    Las partes contratantes que deseen tener la posibilidad de recurrir al arbitraje de la CCI en caso de litigio con la otra parte contratante deben hacerlo constar, específica y claramente, en su contrato o, si no existe ningún documento contractual, en el intercambio de correspondencia que constituya el acuerdo entre ellos.

    El hecho de incorporar uno o varios Incoterms® en el contrato o en la correspondencia NO constituye por sí solo ningún acuerdo de recurrir al arbitraje de la CCI.

    Cláusula-tipo de arbitraje.

    La CCI recomienda la siguiente cláusula-tipo de arbitraje:

    “Cualesquiera diferencias que surjan en relación con este contrato serán objeto de solución final con sumisión al Reglamento de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, mediante uno o más árbitros designados de conformidad con dicho Reglamento”.

    Los Incoterms CCI determinan también la jurisdicción

    El Convenio de Viena de 1980, sobre la Compraventa Internacional de Mercancías, no especifica en ninguna parte sobre la transferencia de la propiedad.

    Es por ello por lo que buscando…….

    http://www.ccopyme.org/articulo.php?a=34

    PUBLICADO: viernes, 20 de septiembre de 2013

    1. Miguel Checa Martínez
    Profesor Titular de Derecho Internacional Privado

    “Los Incoterms CCI son aquello del FOB y el CIF, todo el mundo lo sabe”, pudiera decirse y, de hecho, me lo han dicho, en más o menos estos términos, más de una vez. Sin embargo, son algo más. De hecho, lo primero que hay que decir es que no son dos, sino once los términos comerciales internacionales elaborados por la Cámara de Comercio Internacional (CCI, con sede en París).

    Ya es más conocido, aunque nunca de modo satisfactorio, porque nadie se ha molestado verdaderamente en leer los Incoterms y se “toca de oído”, que los Incoterms 2010 CCI (última versión aplicable) distribuyen en el contrato de compraventa internacional, es decir, en exportaciones e importaciones, las obligaciones y gastos relativos a carga de la mercancía, transporte, transmisión de riesgos, aseguramiento, despacho de aduana de exportación e importación, etc.
    Si alguien me preguntase, y me lo preguntan a menudo, qué es lo primero a consultar para dedicarse a esto del comercio internacional, la respuesta es obvia: los Incoterms de la CCI.

    Pero lo que frecuentemente no se tiene en cuenta son las repercusiones del hecho consistente en que los Incoterms también determinan el lugar de entrega de la mercancía (place of delivery) y el lugar de transmisión de riesgos desde el punto de vista jurídico.

    Ese lugar en las compraventas de los grupos E (Exw), F (FCA, FAS, FOB) y C (CPT, CIP, CFR, CIF) se encuentra siempre en el país de origen de las mercancías, es decir, el lugar del exportador; incluso si ha asumido la obligación de contratar el transporte (ventas con expedición) hasta el país del comprador por cuenta de este último en el caso de las compraventas del grupo C (CPT, CIP, CFR, CIF). Sólo las compraventas del grupo D (DAT, DAP, DDP) son verdaderas ventas en destino, es decir, con entrega jurídica de la mercancía en el país del comprador o importador.

    Pues bien, un efecto desapercibido para muchos del Incoterm pactado es la determinación de la jurisdicción de los tribunales que podrán conocer en el futuro de cualquier litigio relacionado con la operación de compraventa internacional.

    Y ello es así porque el lugar de entrega (place of delivery) de la mercancía es previsto en el Art. 5.1 Reglamento 44/2001 sobre competencia judicial internacional en materia civil y mercantil (Bruselas I) como foro especial en materia contractual en las situaciones comunitarias, es decir, aquellas en las que el domicilio del eventual demandado se encuentre en la Unión Europea.

    Así que, a pesar de que el contrato carezca de una cláusula de jurisdicción o de arbitraje, bien porque las partes no han pensado en ello o porque no han llegado a ningún acuerdo sobre el particular después de largas negociaciones sobre otras cuestiones consideradas más importantes (midnight clauses…), el hecho de haber ya pactado un determinado Incoterm de la CCI en un contrato tiene un efecto indirecto de determinación de la jurisdicción competente que las partes suelen desconocer.

    En este sentido, todo exportador debe tener en cuenta que cuando vende en régimen EXW, FCA, FOB, o incluso CFR, CIF o CIP, por mencionar sólo los más usuales de los grupos E, F y C, se está indicando de modo indirecto con el Incoterm que los tribunales del exportador tendrán competencia judicial internacional para conocer de cualquier litigio que pueda surgir del contrato, si bien no será una competencia exclusiva porque será alternativa o concurrente con la de los tribunales del domicilio del demandado, a elección de la parte actora (como consecuencia de lo previsto en el Art. 2 del mismo Reglamento Bruselas I sobre el foro del domicilio del demandado como foro general).

    Para que resulten competentes los tribunales del importador el Incoterm utilizado deberá ser del grupo D (DAT, DAP, DDP), pues sólo en este caso el lugar de entrega, desde el punto de vista jurídico, se encuentra en el país de destino de la mercancía.

    Esto supone para el exportador que en operaciones del Grupo D no existirá jurisdicción de sus propios tribunales, sino que estará obligado, generalmente para su desgracia (salvedad hecha de algún caso particular de blessing in disguise), a demandar al comprador/importador ante los tribunales de este último.

    Como exportadores, la problemática descrita nos debería hacer pensar una vez más en la necesidad de incluir cláusulas expresas de jurisdicción a favor de nuestros propios tribunales (choice of forum clauses), cláusulas que tendrán eficacia exclusiva en virtud de lo previsto en el Art. 23 del Reglamento Bruselas I y, por tanto, obligarán al importador a litigar, en su caso, en nuestra propia jurisdicción.

    Este resultado ya lo tenemos por vía indirecta con los Incoterms de los Grupos E, F y C (así que para qué negociar algo que ya se tiene), pero si exportamos de puerta a puerta o con Incoterms del Grupo D esa jurisdicción deberá ser expresamente pactada en el contrato.

    En suma, para exportar bien, porque se cierran los contratos y porque se cobran sin ulteriores problemas, es necesario tener buenos contratos y estos no resultan de ningún modelo “cut and paste” bajado de internet (cuando esto es así suele ser el anticipo del desastre), sino del conocimiento de las particularidades del comercio y la contratación internacional, ajustando el contrato a las necesidades y conveniencias de la parte que pueda emplear mejor o más hábilmente las reglas del juego en su propio interés aunque no necesariamente tenga el bargaining power más fuerte.

    Si no tienes claro lo anterior, puede ser que hayas pactado la compraventa bajo un Incoterm, no cobres la venta, y no sepas en qué tribunal tienes que interponer la consiguiente demanda, o lo que es peor, la pongas en un país que no debes con la consiguiente pérdida de tiempo y dinero.

    Mira también lo siguiente:

    http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CC0087:ES:HTML#Footref48

    CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL

    SRA. Juliane Kokott

    presentadas el 3 de marzo de 2011 (1)

    Asunto C‑87/10

    Electrosteel Europe sa

    contra

    Edil Centro SpA

    [Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Vicenza (Italia)]

    «Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo – Competencia judicial y reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil – Artículo 5, número 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 44/2001 – Lugar en el que, según el contrato, hubieren sido o debieren ser entregadas las mercaderías – Términos comerciales»

    1.   Asunto
    2.     La petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Vicenza el 15 de febrero de 2010 versa sobre el concepto de lugar de cumplimiento al que se refiere el artículo 5, número 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. (2)
    3.     El lugar de cumplimiento fundamenta, de conformidad con esta disposición, una competencia judicial alternativa, que se ubica junto a la competencia general del domicilio del demandado. (3) En los casos de contratos de compraventa de bienes muebles, el lugar del cumplimiento es en principio, (4) según el artículo 5, número 1, letra b), del Reglamento nº 44/2001, el lugar de entrega de las mercaderías.
    4.     En concreto, en el presente asunto, ha de elucidarse dónde se halla este lugar cuando las mercancías se entregan «franco fábrica [en las instalaciones de la vendedora italiana]» a un transportista y son transportadas por éste a las instalaciones del comprador.
    5.     En cuanto atañe a la venta por correspondencia, el Tribunal de Justicia ha abordado recientemente, en su sentencia de 25 de febrero de 2010, (5) la problemática de la localización del lugar de entrega y, a falta de pactos de las partes en sentido contrario, se toma como referencia el lugar de la entrega material de las mercancías al comprador en «el destino final de la operación de compraventa». (6)
    6.     Ahora, en el presente asunto ha de elucidarse en esencia, al hilo de la sentencia Car Trim antes citada, qué relevancia puede revestir una cláusula contractual como la mencionada en el punto 3 supra para la determinación del lugar de entrega.
    7. Marco normativo
    8.     A tenor del artículo 5 del Reglamento nº 44/2001:«Las personas domiciliadas en un Estado miembro podrán ser demandadas en otro Estado miembro:

    1)       a)       en materia contractual, ante el tribunal del lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación que sirviere de base a la demanda;

    1. b)      a efectos de la presente disposición, y salvo pacto en contrario, dicho lugar será:

    –      cuando se tratare de una compraventa de mercaderías, el lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hubieren sido o debieren ser entregadas las mercaderías;

    […]»

    III. Términos comerciales internacionales (International Commercial Terms o, abreviadamente, Incoterms) (7)

    1.     Mediante los Incoterms, la Cámara de Comercio Internacional (International Chamber of Commerce, ICC) estableció por vez primera en 1936 un clausulado estándar revisado y aumentado permanentemente con posterioridad. (8) Su finalidad es elaborar reglas internacionales, si bien jurídicamente no vinculantes, sobre la interpretación de las fórmulas contractuales utilizadas con más asiduidad en los contratos de comercio exterior. De este modo, se pretende evitar en la medida de lo posible los imponderables que pueden surgir de una interpretación diferente de tales términos. (9) Desde el 1 de enero de 2011, los Incoterms se hallan en vigor en una versión fundamentalmente nueva (Incoterms 2010). (10)
    2.     Los Incoterms están vinculados a cláusulas estandarizadas. A éstas se les atribuye, por un lado, un significado concreto y, por otro, una abreviatura sencilla compuesta por tres letras. Las cláusulas regulan a modo de catálogo obligaciones importantes de vendedores (11) y compradores (12) en relación con la entrega de las mercancías, por ejemplo las modalidades de entrega, el momento de transmisión del riesgo y la cuestión relativa al cuál de las partes del contrato ha de soportar los gastos de transporte o de seguro. Las diferentes cláusulas y su catálogo de obligaciones tienen en cuenta las diferentes y posibles situaciones de intereses de las partes contratantes. Unas veces gravan más al comprador, y otras gravan más al vendedor. Desde un punto de vista terminológico, los Incoterms 2000 se guían por la Convención sobre contratos de compraventa internacional de mercaderías de las Naciones Unidas de 11 de abril de 1980. (13)
    3.     La denominada cláusula de recogida «EXW» (franco fábrica, Ex Works) de los Incoterms 2000 prevé, en el punto A4, en relación con la entrega, lo siguiente:

    «El vendedor debe poner la mercancía a disposición del comprador en el lugar de entrega convenido, sin cargar el vehículo receptor, en la fecha o dentro del plazo acordados o, si no se ha acordado ese momento, en la fecha usual de entrega de esa mercancía. […]»

    1.   En el punto B4 se establece:

    «El comprador debe recibir la mercancía cuando haya sido entregada de conformidad con A4 […]»

    1. Hechos y cuestión prejudicial
    2.   En el procedimiento principal las mercancías se entregaron «franco fábrica [de la vendedora italiana]» (14) y fueron transportadas a Francia hasta las instalaciones de la compradora. Tras haber reclamado el pago en Italia, la compradora propuso una excepción de falta de competencia ante los tribunales italianos y señaló que tiene su domicilio en Francia. A juicio de la vendedora, la competencia del tribunal italiano deriva de la cláusula contractual antes mencionada.
    3.   El órgano jurisdiccional remitente estimó que pueden tener la consideración del lugar de cumplimiento, que determina la competencia en el sentido del artículo 5 del Reglamento nº 44/2001, el lugar de destino final de las mercaderías en Francia o bien en el lugar en que dichas mercaderías hayan sido entregadas al transportista en Italia.
    4.   En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente planteó al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

    «¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 44/2001, y en cualquier caso el Derecho comunitario, que establece que el lugar de cumplimiento de la obligación, cuando se tratare de una compraventa de mercaderías, será el lugar en el que, según el contrato, hubieren sido o debieren ser entregadas las mercaderías, en el sentido de que el lugar de la entrega, pertinente a efectos de determinar el juez competente, es el lugar de destino final de las mercaderías objeto del contrato, o bien aquél en el que el vendedor se libera de la obligación de entrega, con arreglo a la normativa sustantiva aplicable al caso concreto, o cabe aún una interpretación distinta de la citada norma?»

    1.   Apreciación jurídica
    2.   Observación preliminar
    3.   Con su petición de decisión prejudicial recibida el 15 de febrero de 2010 en la Secretaría del Tribunal de Justicia, el órgano jurisdiccional remitente pinchó en un «avispero jurídico»: (15) el de la ubicación del lugar de entrega en el caso de las ventas por correspondencia. (16)
    4.   En la doctrina (17) y en la jurisprudencia (18) se ha debatido esta cuestión con vehemencia. Las propuestas de solución se han movido en el espectro de las alternativas expuestas por el órgano jurisdiccional remitente. No quedaba claro, entre otras cosas, al objeto de perfilar con exactitud la situación del litigio, si el lugar de entrega ha de determinarse más bien en función de criterios fácticos fácilmente manejables o bien recurriendo a valoraciones jurídico-materiales.
    5.   Sin embargo, diez días después de la recepción de la presente petición de decisión prejudicial, el Tribunal de Justicia fumigó, por así decirlo, el «avispero» y declaró en la sentencia Car Trim, antes citada, que «el artículo 5, número 1, letra b), del Reglamento nº 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que, en caso de venta por correspondencia, el lugar en el que, según el contrato, hubieren sido o debieren ser entregadas las mercaderías habrá de determinarse basándose en lo que disponga el propio contratoSi resulta imposible determinar sobre esta base el lugar de entrega, sin remitirse al Derecho sustantivo aplicable al contrato, dicho lugar será el de la entrega material de las mercancías, en virtud de la cual el comprador adquirió o hubiera debido adquirir la facultad de disponer efectivamente de dichas mercancías en el destino final de la operación de compraventa [en lo sucesivo, fórmula Car Trim]». (19)
    6.   A primera vista, la problemática planteada por el órgano jurisdiccional remitente parece ya aclarada a la luz de la sentencia Car Trim: en primer lugar, el lugar de entrega ha de ser determinado por el órgano jurisdiccional nacional (20) sobre la base de los pactos concluyentes de las partes, si bien únicamente en la medida en que ello sea posible sin recurrir previamente y con carácter subsidiario al Derecho material aplicable al contrato. (21) Si falta tal determinación contractual del lugar de entrega, en segundo lugar, deberá tomarse como referencia el lugar en que se produzca la entrega de las mercaderías al comprador. (22)
    7.   Similitudes y diferencias entre el presente asunto y el asunto Car Trim
    8.   Ahora bien, tras un examen más detallado, se pone de manifiesto que tanto los hechos en que se basa la sentencia Car Trim, antes citada, como las cuestiones prejudiciales que debieron responderse entonces se diferencian de los del presente asunto.
    9.   Asunto Car Trim
    10.   En el asunto Car Trim, antes citado, la entrega debía efectuarse «según lo acordado, […] a instancia de [la compradora demandada], franco fábrica de Colleferro (Italia)» (23) (en lo sucesivo, «cláusula Car Trim»).
    11.   En primer lugar, sorprende que en la sentencia Car Trim, antes citada, no se aborde en profundidad esta cláusula. El Tribunal de Justicia se contenta en esencia con hacer constar con carácter general que «las partes en un contrato disponen de autonomía de voluntad para determinar el lugar de entrega de las mercancías». (24) El Tribunal de Justicia no se pronuncia sobre la cuestión de si esa voluntad de las partes de determinar el lugar de entrega puede estar expresada concretamente en la cláusula «franco fábrica».
    12.   Sin embargo, el Tribunal de Justicia no se vio obligado por dos motivos a abordar a fondo el pacto de las partes «franco fábrica» ni a examinar si podía constituir un pacto sobre el lugar de entrega. En efecto, por un lado, el Tribunal de Justicia atribuye al Juez nacional la elucidación de tales cuestiones (25) y, por otro, en la propia cuestión prejudicial no se parte de que la cláusula controvertida pueda ser relevante para la determinación del lugar de entrega. (26) A su vez, esto último tampoco sorprende, pues de la petición de decisión prejudicial del Bundesgerichtshof alemán de 9 de julio de 2008 (27) ya se infiere que el tribunal de apelación, «en su examen sobre el fondo del asunto», abordó esta «cláusula pactada al principio de la relación contractual» y estimó, «a la vista de la sistemática general de las estipulaciones contractuales», que no se estaba en presencia de un pacto sobre el lugar de entrega, sino de una estipulación sobre el reparto de los gastos. (28)
    13.   Dicho con otras palabras: ni el órgano jurisdiccional remitente ni el Tribunal de Justicia tenían que atribuir a la cláusula de que se trata relevancia alguna, a efectos de la solución del litigio, para la ubicación del lugar de entrega.
    14.   Asunto Electrosteel Europe
    15.   El contrato controvertido en el litigio principal contiene una estipulación adoptada a modo de respuesta inmediata a la cláusula Car Trim, en virtud de la cual las mercaderías debían entregarse, conforme al contrato, «franco fábrica [de la vendedora italiana]». Sin embargo, a tal respecto, el órgano jurisdiccional remitente se conforma con hacer alusión a la existencia de esta cláusula sin pronunciarse en concreto sobre su pertinencia para la determinación del lugar de entrega.
    16.   En cambio, las partes defienden en este punto posiciones firmes y contrapuestas: la vendedora aprecia en ello una cláusula comercial que ha de equipararse al Incoterm «franco fabrica» (franco fábrica, Ex Works; denominada abreviadamente «EXW») y que constituye una estipulación contractual sobre el lugar de entrega en el sentido de la sentencia Car Trim, antes citada. Por ello, el elemento decisivo para determinar el lugar del cumplimiento es el lugar de entrega, de las mercancías adquiridas, al transportista en Italia, y no el lugar de destino definitivo de las mercancías en Francia. En cambio, la Comisión establece unos requisitos estrictos en lo relativo a la determinación contractual del lugar de entrega por las partes, las cuales deben precisar con claridad la forma, la fecha y el lugar de entrega de las mercancías adquiridas. A juicio de la Comisión, los Incoterms y otras cláusulas análogas regulan primordialmente la transmisión del riesgo y la cuestión relativa al reparto de los gastos. En consecuencia, para la determinación del lugar de entrega carece de pertinencia la cláusula controvertida en el litigio principal, pues, tras un examen global de los documentos obrantes en autos, sigue sin quedar claro qué objetivo regulador persigue la cláusula. Por ello, a la luz de la sentencia Car Trim, antes citada, a falta de una estipulación contractual sobre el lugar de entrega, ha de tomarse como referencia el lugar de destino final de las mercancías, en el que el comprador adquiere la facultad de disposición efectiva sobre las mismas. Por tal facultad de disposición ha de entenderse, desde un punto de vista puramente fáctico, la obtención de la posesión, sin que tenga relevancia el aspecto jurídico de la transmisión de la propiedad.
    17.   Cuestiones jurídicas a elucidar
    18.   En primer lugar, ha de aclararse qué significado tiene la cláusula «franco fábrica [de la vendedora italiana]» en el presente procedimiento.
    19.   Esta aclaración incumbe en última instancia (29) al órgano jurisdiccional remitente. En la medida de lo posible, se tendrá que examinar si la cláusula se ha convertido en una parte eficaz del contrato, averiguar la voluntad concreta de las partes y, en su caso, apreciar que el tenor de la cláusula controvertida no sea exactamente igual al del Incoterm «franco fábrica». (30)
    20.   Ahora bien, no corresponde al Tribunal de Justicia pronunciarse sobre estos aspectos.
    21.   De lo anterior ha de diferenciarse la cuestión general previa sobre qué exigencias establece el artículo 5, número 1, letra b), del Reglamento nº 44/2001 en relación con un pacto sobre el lugar de cumplimiento o bien con una estipulación contractual sobre el lugar de entrega que deba ser considerada por el tribunal nacional.
    22.   Ciertamente, la sentencia Car Trim, antes citada, permite que el lugar de entrega se identifique sobre la base de estipulaciones contractuales, pero aclara que este lugar de entrega habrá de determinarse en cualquier caso sin remitirse al Derecho aplicable al contrato. (31)
    23.   En este contexto se plantea la cuestión de si las cláusulas comerciales internacionales como los Incoterms, para cuya interpretación ha de recurrirse a las normas de la Cámara de Comercio Internacional, satisfacen el principio de certeza, que resuena en el dispositivo de la sentencia Car Trim al objeto de determinar el lugar de entrega sobre la base del contrato: en efecto, si, según la sentencia Car Trim, se prohíbe recurrir al Derecho material aplicable al contrato, lo mismo cabría afirmarse igualmente respecto al recurso a los Incoterms.
    24.   Dado que no cabe excluir que el juez nacional recurra al régimen de los Incoterms a la hora de interpretar la cláusula contractual controvertida, (32) considero apropiado abordar esta problemática para responder a la cuestión prejudicial. Dicha problemática queda igualmente comprendida en la amplia formulación de la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente, el cual solicita al Tribunal de Justicia con carácter general una interpretación del artículo 5, número 1, letra b), del Reglamento nº 44/2001 («¿[…] o cabe aún una interpretación distinta de la citada norma […]?» para el asunto de que conoce.
    25.   En consecuencia, examinaré en una primera fase si cláusulas comerciales tales como los Incoterms pueden servir como estipulación contractual del lugar de entrega en el sentido del número 2 del dispositivo de la sentencia Car Trim, antes citada. En una segunda fase habrá de modificarse, a la luz de la conclusión así obtenida, la «fórmula Car Trim» para el presente asunto.
    26. ¿Son los Incoterms y otras cláusulas comerciales análogas estipulaciones contractuales con un significado definido de forma concreta sobre cuya base pueda determinarse el lugar de entrega a efectos del artículo 5, número 1, letra b), del Reglamento nº 44/2001?
    27.   La sentencia Car Trim, antes citada, precisa el margen de que disponen las partes para la determinación contractual del lugar de entrega a efectos del artículo 5, número 1, letra b), del Reglamento nº 44/2001.
    28.   Desde un punto de vista sistemático, según la estructura del artículo 5, número 1, letra b), del Reglamento nº 44/2001, ha de diferenciarse entre los pactos sobre el «lugar de cumplimiento de la obligación» y los pactos sobre el lugar de entrega.
    29. a)      Admisibilidad de los pactos sobre el lugar de cumplimiento en el campo de tensión entre las expresiones «salvo pacto en contrario» y «[lugar de entrega] según el contrato» [artículo 5, número 1, letra b), del Reglamento nº 44/2001]
    30.   A primera vista, el tenor del artículo 5, número 1, letra b), del Reglamento nº 44/2001 parece abrir dos variantes para la determinación contractual del lugar de cumplimiento: por un lado, un, por así llamarlo, pacto indirecto sobre el lugar de cumplimiento mediante la concreción contractual del lugar de entrega (33) en cuanto «lugar […] en el que, según el contrato, debieren ser entregadas las mercaderías», (34) y, por otro lado, un pacto directo sobre el lugar de cumplimiento, en la medida de lo posible independiente del lugar de entrega: (35) en efecto, según el tenor del artículo 5, número 1, letra b), sólo cabe recurrir al lugar de entrega al objeto de determinar el lugar de cumplimiento «salvo pacto en contrario».
    31.   Sin embargo, en última instancia tampoco queda claro en términos generales, de conformidad con la sentencia Car Trim, antes citada, (36) en qué medida las partes, conforme a la citada disposición, pueden pactar «algo distinto» de una vinculación al lugar de entrega, de suerte que los controvertidos planteamientos interpretativos de la doctrina (37) a este respecto siguen requiriendo una elucidación. (38)
    32.   Ahora bien, en el presente asunto esta cuestión no desempeña función alguna, puesto que no se trata de saber si son admisibles los eventuales pactos sobre el lugar del cumplimiento independientes del lugar de entrega, sino de aclarar si mediante una cláusula comercial puede precisarse válidamente el lugar de entrega y de este modo determinar contractualmente el lugar del cumplimiento.
    33. b)      Los criterios de la «fórmula Car Trim» sobre la determinación contractual del lugar de entrega y su aplicación a cláusulas comerciales con un significado definido con exactitud
    34.   Según la sentencia Car Trim, antes citada, las partes pueden pactar libremente el lugar de entrega, (39) de suerte que este lugar de entrega deba poder inferirse del contrato, «sin remitirse al Derecho material aplicable al contrato». (40)
    35.   Si estos criterios se proyectan sobre la cláusula franco fábrica de los Incoterms 2000, a hacerse constar antes de nada que esta última no se remite al Derecho aplicable al contrato. Así pues, si se atendiera estrictamente al tenor de la sentencia Car Trim, antes citada, tal cláusula no suscitaría ninguna duda al respecto.
    36.   La cláusula franco fábrica también serviría sin más para determinar el lugar de entrega, pues no sólo describe la transmisión del riesgo (puntos A5 y B5), sino también el lugar de entrega (punto A4 y B4) en el sentido de una estricta cláusula de recogida. En consecuencia, una tesis defendida en la doctrina (41) y en la jurisprudencia (42) sostiene que mediante la cláusula franco fábrica de los Incoterms válidamente incluida en el contrato pueden determinarse el lugar de entrega y el de cumplimiento en el sentido del artículo 5, número 1, letra b), del Reglamento nº 44/2001.
    37.   Esta tesis me parece fundada. ¿Por qué habría de prohibirse a las partes recurrir a cláusulas comerciales sencillas para determinar contractualmente el lugar de entrega? Por ello aboga en particular el hecho de que pueden determinarse de forma ponderada y objetiva en su significado gracias a la normativa de la Cámara de Comercio Internacional, en la medida de lo posible, en cuanto cláusulas contractuales formuladas libremente por las partes o incluso en una lengua extranjera que no se domina por completo.
    38.   En cambio, no convence la objeción según la cual a quien aplica el Derecho, por ejemplo el tribunal que examina su competencia, no se le revela el significado concreto de la cláusula, en su caso, hasta el examen de la normativa de la Cámara de Comercio Internacional.
    39.   Ciertamente, en la sentencia Car Trim, antes citada, el Tribunal de Justicia se pronunció expresamente a favor del principio de una determinación pragmática del lugar de cumplimiento dejando a un lado un eventual recurso a las normas de Derecho internacional privado y de Derecho material, (43) si bien me parece que una referencia a los Incoterms entendidos de forma concreta no es comparable con la remisión «al Derecho sustantivo aplicable al contrato», (44) rechazada por el Tribunal de Justicia. En efecto, su significado concreto puede averiguarse con independencia de complicadas cuestiones jurídicas mediante un examen de normas fácilmente disponibles. Ello se observará, al menos, cuando el Incoterm esté redactado con claridad en su versión aplicable ratione temporis (por ejemplo los Incoterms 2000). Sería un mero formalismo que carecería de fundamento jurídico en el artículo 5 del Reglamento nº 44/2001 supeditar la respuesta a la cuestión de si puede pactarse válidamente un lugar de entrega mediante un Incoterm al hecho de que se adjunte o no al contrato un ejemplar de las normas que describen la cláusula correspondiente.
    40. c)      Conclusión provisional
    41.   Así pues, como conclusión parcial cabe afirmar que los Incoterms y otras cláusulas comerciales similares pueden constituir en principio estipulaciones contractuales sobre cuya base puede determinarse el lugar de entrega en el sentido del artículo 5, número 1, letra b), del Reglamento nº 44/2001.
    42.   Modificación de la «fórmula Car Trim» en el presente asunto
    43.   Al objeto de proporcionar una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente, ha de señalarse que los principios establecidos en la sentencia Car Trim, antes citada, deben aplicarse con carácter general a los contratos de compraventa y no sólo a la venta por correspondencia. En efecto, el artículo 5, número 1, letra b), del Reglamento nº 44/2001 no diferencia –al igual que la cuestión prejudicial en el presente asunto– entre la venta por correspondencia y los demás contratos de compraventa, (45) aun cuando debe reconocerse que la determinación del lugar de entrega suscita problemas particulares precisamente en el caso de la venta por correspondencia.
    44.   Así pues, antes de nada, por regla general el elemento decisivo será el pacto de las partes concluyente en sí mismo. (46) Los Incoterms y otras cláusulas comerciales similares con un significado definido de forma concreta pueden constituir, en principio, estipulaciones contractuales sobre cuya base puede determinarse el lugar de entrega en el sentido del artículo 5, número 1, letra b), del Reglamento nº 44/2001.
    45.   Si no se da la posibilidad de determinar el lugar de entrega sobre la base de los pactos concluyentes de las partes, habrá de procederse, al igual que en la sentencia Car Trim, antes citada, en virtud del principio de la «designación pragmática del lugar de cumplimiento», con arreglo a criterios fácticos (47) y habrá de tomarse como referencia el lugar de la entrega física de las mercancías al comprador en virtud de la cual se adquiere la facultad de disponer efectivamente de dichas mercancías.
    46.   De la versión vinculante alemana de la sentencia Car Trim, antes citada, se desprende con suficiente claridad y no requiere mayor concreción el hecho de que se está aquí en presencia de un criterio estrictamente fáctico y vinculado a la mera posesión.
    47.   Ahora bien, sí es necesario examinar con más detalle a qué alude la fórmula Car Trim con la entrega «en el destino final de la operación de compraventa».
    48.   Debe tratarse aquí del lugar en el que «en principio, las mercancías –que constituyen el objeto material del contrato– habrán de encontrarse […] tras la ejecución del propio contrato [mediante la entrega material al comprador] (48)». (49)
    49.   De ello se deduce, por un lado, que la entrega de las mercancías al transportista (cuya identidad no coincide con la del comprador) no fundamenta en ningún caso un lugar de entrega concreto. (50) En efecto, a juicio del Tribunal de Justicia, la operación de compraventa no se cierra hasta la entrega material al comprador.
    50.   Por otro lado, ello pone de manifiesto que carece de relevancia la existencia de un transporte adicional imprevisto de las mercancías por el comprador a efectos de la ubicación del lugar de entrega. En efecto, tal transporte adicional, por ejemplo desde el almacén del comprador a otro centro de explotación, quedaría fuera de la operación de compraventa y conducirá a un lugar en el que las mercancías, en principio, no tienen que hallarse tras el cumplimiento del contrato.
    51.   Dado que se toma como referencia fundamental la operación de compraventa, parece que el criterio del destino final se ajusta además no sólo a la venta a distancia, sino también al caso de recogida personal de la mercancía por el comprador: en tal caso el «destino final de la operación de compraventa» ya se alcanzaría precisamente en el establecimiento del vendedor y la operación de compraventa finalizaría con la entrega de la mercancía al comprador, que recogería la misma.
    52.   Así pues, en última instancia, el elemento decisivo en todos estos supuestos lo constituye la entrega material al comprador en virtud del cumplimiento del contrato. Tras un examen más atento de los supuestos mencionados, tal entrega es necesaria, pero también suficiente, para determinar el lugar de entrega.
    53.   A la vista de cuanto antecede se plantea la cuestión de si tomar como referencia adicional el criterio de «destino definitivo» trae más confusión que provecho. Además, desde un punto de vista sistemático, este criterio parece cuestionable, pues recuerda al del «lugar final de entrega de la mercancía […]» mencionado en el artículo 63, apartado 1, del Reglamento nº 44/2001, que ha de aplicarse expresamente sólo en beneficio de personas con domicilio en Luxemburgo. No existe motivo alguno para generalizar esta excepción en el caso de la venta por correspondencia.
    54.   En cambio, sí es en particular fuente de incertidumbre el adjetivo «definitivo»: ¿cómo debería apreciarse la situación si la mercancía fuera almacenada provisionalmente en un almacén del comprador, fuera transportada a continuación por el comprador a otro centro de explotación y el vendedor hubiera tenido conocimiento desde el principio de este propósito? Es fácil imaginar que cabría discutir a fondo sobre ello, en conexión con el criterio del carácter definitivo. Además, en este caso se planteaba la problemática de la falta de coincidencia entre el eventual lugar de destino definitivo (otro centro de explotación) y el lugar de la primera entrega efectiva (almacén provisional).
    55.   Por ello, me parece preferible renunciar a la expresión «destino final de la operación de compraventa». Con el lugar de entrega material al comprador se dispone de un criterio, suficientemente claro y previsible para ambas partes, que no requiere modificación posterior alguna.
    56. Conclusión
    57.   Por consiguiente, propongo que se responda a la cuestión prejudicial del órgano jurisdiccional remitente del siguiente modo:

    «El artículo 5, número 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que el lugar de entrega decisivo para la determinación del órgano jurisdiccional competente ha de determinarse sobre la base de los pactos contractuales de las partes.

    Los Incoterms y otras cláusulas comerciales similares con un significado definido de forma concreta pueden constituir, en principio, estipulaciones contractuales sobre cuya base puede determinarse el lugar de entrega en el sentido del artículo 5, número 1, letra b), del Reglamento nº 44/2001.

    Si el lugar de entrega no puede determinarse sobre esta base sin recurrir al Derecho material aplicable al contrato, dicho lugar será el de la entrega material de las mercancías, en virtud de la cual el comprador adquirió o hubiera debido adquirir la facultad de disponer efectivamente de dichas mercancías.»

    ¿Podemos utilizar los Incoterms® en operaciones entre países de la Unión Europea?

    Si, ya que, aunque en la Unión Europea no existen aduanas interiores entre los países miembros, éstos regulan otras variables como el transporte, los costes, los riesgos, las obligaciones y los derechos de las partes.

    ¿Los Incoterm® están en vigor en todos los países del mundo?

    Sí, pero se deben aceptar en los contratos de compraventa de las partes.

    Los Incoterms® no son una ley internacional, ni incluso un acuerdo entre los gobiernos de varios países.

    Los Incoterms® son términos de comercio internacional que forman parte de un contrato de compraventa entre dos empresas.

    Por tanto, entrarán en vigor cuando las dos partes estén de acuerdo en aceptarlos en su contrato de compraventa.

    Así mismo hay que indicar que los Incoterms®, al ser un acuerdo entre las partes, éstas pueden aceptar cualquier versión anterior a la publicada en la actualidad, ya que como hemos dicho no son leyes que se derogan cuando aparece una más actualizada, como es el caso de los Incoterms® con versiones desde el año 1.936.

    Incoterms – Contratos de compraventa – Contratos de transporte.

    No confundas el contrato de compraventa, con el contrato de transporte entre tú como vendedor o comprador, y el porteador.

    Al porteador le trae sin cuidado que incoterm han acordado el vendedor y el comprador.

    El solo quiere saber dónde recoge, donde entrega y quién le va a pagar la factura por sus servicios.

    No es parte en el contrato de compraventa, y, por tanto, no está obligado por las reglas de los Incoterms.

    No está obligado a emitir un documento de transporte que cumpla con los Incoterms.

    Elementos del contrato de seguro.

    Personales

    • Asegurador – A cambio de una prima se obliga a indemnizar en caso de siniestro
    • Asegurado – Persona con un interés asegurable que contrata el seguro
    • Tomador – Persona que contrata una póliza por cuenta de otro
    • Beneficiario – Persona que tiene el derecho a la indemnización

    Reales

    • Objeto del seguro
    • Riesgo
    • Prima

    Formales

    • La póliza

    Incoterms y el seguro.

    Algunas características del seguro de transporte internacional.

    • Indemnizatorio – No puede existir indemnización superior al daño.
    • De adhesión – Las características básicas las impone el asegurador.
    • Oneroso – Media el pago de una prima.
    • Bilateral – Las dos partes con obligaciones propias. El asegurado debe declarar posibles circunstancias que puedan agravar el riesgo, informar de posibles daños lo antes posible, e intentar mitigar éstos tanto como le sea posible.

    Incoterms y la compañía aseguradora

    La compañía aseguradora estará obligada a emitir su póliza de seguro de acuerdo con el nivel de cobertura y las condiciones acordadas con el contratante del seguro.

    No es parte en el contrato de compraventa, y, por tanto, no está obligada por las reglas de los Incoterms.

    No está obligada a emitir una póliza que cumpla con los Incoterms.

    Los riesgos y el seguro en el transporte terrestre.

    Los riesgos se aseguran contratando un seguro de riesgo.

    El Convenio CMR, “Convection Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route”, el cual regula el transporte terrestre por carretera, establece y determina el régimen de responsabilidad del transportista, independiente de que éste decida o no, de forma completa o parcial, la contratación de una póliza de seguro.

    El convenio C.M.R. abarca la responsabilidad del transportista desde que recibe la mercancía hasta que la entrega, incluyendo el posible retraso en la entrega.

    El seguro en el transporte marítimo

    El seguro marítimo tiene la particularidad de que incluye únicamente desde el momento en que la mercancía está en cubierta hasta que llega al puerto de destino, por lo que si una parte del transporte no es marítimo se deberá hacer un seguro adicional para que ese parte del trayecto esté cubierto.

    Lo mismo a la importación. Cuando el seguro contratado por el vendedor finaliza a la llegada de la mercancía en el puerto de destino, habrá que asegurar, si así lo de desea el importador, el trayecto desde el puerto hasta el lugar final de entrega.

    El seguro de la mercancía en el transporte CIF vs CIP.

    El seguro sobre la mercancía no es obligatorio, excepto en los términos CIF y CIP.

    En el resto de Incoterms® es opcional.

    Cuando sea obligatorio para el vendedor, debido al Incoterm® aplicado, contratar un seguro que cubra los riesgos del comprador por pérdida o daño de la mercancía durante el transporte.

    El vendedor está obligado a conseguir un seguro sólo con cobertura mínima, Cláusula C del Institute of London Underwriters, ICC C, con el Incoterm CIF.

    Con el Incoterms CIP, una cobertura ICC A.

    En ambos casos será el comprador el beneficiario del mismo, y así lo debe indicar la póliza o certificado de seguro.

    Si el comprador desea mayor cobertura, necesitará acordarlo expresamente con el vendedor o bien concertar su propio seguro adicional o bien, éste ofrecérselo al comprador como elemento comercial.

    Los seguros de transporte de mayor a menor cobertura se dividen en ICC A, ICC B e ICC C.

    Las Institute Cargo Clauses son las pólizas de seguro de transporte internacional estandarizadas por la ILU – Institute of London Underwriters (Instituto de Aseguradoras de Londres) y existen tres pólizas distintas para asegurar la mercancía, así como modalidades diferentes dependiendo si el transporte es vía marítima, terrestre o aéreo.

    Es aconsejable que el comprador solicite que el seguro sea contratado con compañía de prestigio y que el mismo sea pagadero en el país del comprador y en su divisa.

    No debemos confundir el seguro con cobertura mínima exigida al vendedor en la venta en condiciones CIF con los seguros mínimos de los modos de transporte.

    Todos los medios de transporte, a excepción del marítimo, incluyen en el precio del transporte un seguro mínimo (aquel que asume el coste del transporte principal tiene la opción de elevar el seguro mínimo con un sobre coste, lo que se conoce con el nombre de SRC, seguro de responsabilidad civil).

    Debemos conocer qué cantidades y riesgos cubren estos seguros mínimos de transporte, Seguros de Responsabilidad Civil, que repito, no son los que se señalan en las condiciones CIF o CIP.

    También hemos de tener en cuenta en la gestión del seguro de mercancías que, las compañías aseguradoras permiten incrementar el valor asegurado en un 10.-% (inclusive hasta el 15.-%).

    Esta práctica se produce al estimarse que los costes de gestión, nombramiento de un comisario de averías, recopilación de los documentos necesarios en caso de siniestro, etc., pueden ascender a esos porcentajes del valor de la mercancía en posición CIF o CIP.

     

    ¿Necesitas un estudio de mercados internacionales realizado con datos y fuentes exclusivamente oficiales?

    En el menú principal tienes información sobre inteligencia de mercados para la exportación e internacionalización.

    ¿Es aconsejable contratar en condiciones CIF o CIP en vez de CFR o CPT?

    Cuando compras en condiciones CIP o CIF, el seguro lo paga y contrata el vendedor, por lo que mi recomendación es que no lo hagas así y contrates tú directamente el seguro como comprador.

    De esta forma obtendrás:

    • Precio del seguro más económico, ya que no contratarás normalmente hasta el puerto de llegada, sino también hasta el lugar de entrega final.
    • Conocimiento completo de las coberturas.
    • En caso de siniestro un control completo con la compañía.
    • Una indemnización directa.
    • Un asesoramiento directo.

    Es decir, el seguro no te viene impuesto, aunque tú comprador CIP o CIF te lo hayas autoimpuesto comprando con estos incoterms en vez de CFR o CPT.

    La gente normalmente no antepone los intereses de otros sobre los suyos propios, así que contrátalo tú directamente y con quien te apetezca.

    Las Institute Cargo Clauses

    ICC (A)
    ICC (B)
    ICC (C)
    ICC (Air): para el transporte aéreo.

    Las cláusulas pueden verse en:

    http://www.iua.co.uk/IUA_Member/Clauses/IUA_Member/Clauses/eLibrary/Clauses.aspx?hkey=6f7dd1a3-6ab3-4b10-94c2-5a8c644b1c32

    http://www.iuaclauses.co.uk/site/cms/contentDocumentLibraryView.asp?chapter=5

    http://www.iuaclauses.co.uk/site/cms/contentDocumentLibraryView.asp?chapter=8&category=57

    • Cláusula A (CL 382)
    • Cláusula B (CL 383)
    • Cláusula C (CL 384)
    • Cláusula de Guerra (CL 385)
    • Cláusula de Huelga (CL 386)

    No existe el seguro internacional a “todo riesgo”

    La póliza más alta, condiciones ICC (A) incluye todos los riesgos, excepto los explícitamente excluidos como pueden ser:

    • Una conducta dolosa del asegurado.
    • Daños o pérdidas por insuficiencia de embalaje.
    • Vicio propio de la cosa.
    • Pérdidas naturales de peso o volumen.
    • Demoras.
    • Daños nucleares.
    • Falta de idoneidad del buque.
    • Terrorismo..

    Riesgo de guerra (Institute War Clauses) y huelga (SRCC- Strikes, Riots and Civil Commotions), también están excluídos, pero pueden ser asegurados si su aseguradora lo permite.

    Asegurar siempre que sea posible: Cláusula A + Cláusula de Huelga + Cláusula de Guerra

    Indemnizaciones por pérdida, avería y retraso.

    Vas a ver a continuación indemnizaciones basadas en DEGS

    DEG-Derecho Especial de Giro.

    Aquí tienes la información y el valor de cada DEG:

    https://www.imf.org/es/About/Factsheets/Sheets/2023/special-drawing-rights-sdr

    https://www.imf.org/external/np/fin/data/param_rms_mth.aspx

    Carretera-Nacional-Carta de porte.

    – Pérdida y avería: 1/3 IPREM/DIA POR KG.

    https://www.iprem.com.es/

    – Retraso en la entrega: precio del transporte.

    Carretera-Internacional-Convenio CMR

    – Pérdida y avería: 8,33 DEG/kg. bruto de mercancía perdida o dañada.

    DEG-Derecho Especial de Giro («DEG»)

    https://www.imf.org/es/About/Factsheets/Sheets/2023/special-drawing-rights-sdr

    https://www.imf.org/external/np/fin/data/param_rms_mth.aspx

    – Retraso en la entrega: precio del transporte.

    Ferrocarril-Nacional-Carta de porte

    – Pérdida y avería: 1/3 IPREM/DIA POR KG.

    https://www.iprem.com.es/

    – Retraso en la entrega: precio del transporte.

    Ferrocarril-Internacional-Carta de porte CIM

    – Pérdida y avería: 17 DEG/kg bruto
    https://www.imf.org/external/np/fin/data/param_rms_mth.aspx

    – Retraso en la entrega: 4 veces el precio del transporte

    Aéreo-Nacional-Talón de porte.

    – Pérdida y avería: 17 DEG/kg bruto.https://www.imf.org/external/np/fin/data/param_rms_mth.aspx

    -Retraso en la entrega: Precio del transporte.

    Aéreo-Internacional-AWB. Convenio de Montreal

    – Pérdida y avería: 19 DEG/kg bruto.
    -Retraso en la entrega: 19 DEG/kg bruto.
    https://www.imf.org/external/np/fin/data/param_rms_mth.aspx

    Marítimo-Nacional.

    – Pérdida y avería: 666,67 DEG/bulto ó 2 DEG/kg. bruto (la cantidad que resulte mayor según la siguiente regla).
    – Retraso en la entrega: Dos veces y media el flete hasta el máximo de la cuantía total del flete.
    https://www.imf.org/external/np/fin/data/param_rms_mth.aspx

    Marítimo-Internacional. Existen distintos convenios aplicables:

    Reglas de la Haya-Visby
    – Pérdida y avería: 666,67 DEG/bulto ó 2 DEG/kilogramo bruto.
    La cantidad que resulte mayor según la siguiente regla).
    1 contenedor = 1 bulto.
    1 contenedor usado para agrupar bultos, el número de bultos será el indicado en el Bill of Lading.

    – Retraso en la entrega: no se establece límite expreso.
    https://www.imf.org/external/np/fin/data/param_rms_mth.aspx

    Reglas de Hamburgo.
    – Pérdida y avería: 835 DEG/bulto ó 2,5 DEG/ kg. bruto (la cantidad que resulte mayor según la siguiente regla).
    1 contenedor = 1 bulto.
    1 contenedor usado para agrupar bultos, el número de bultos será el indicado en el Bill of Lading.
    – Retraso en la entrega: 2,5 veces el flete
    https://www.imf.org/external/np/fin/data/param_rms_mth.aspx

    Reglas de Rotterdam.

    – Pérdida y avería: 875 DEG/bulto ó 3 DEG/ kg. bruto (la cantidad que resulte mayor según la siguiente regla).
    1 contenedor = 1 bulto.
    1 contenedor usado para agrupar bultos, el número de bultos será el indicado en el

    Bill of Lading.

    – Retraso en la entrega: 2,5 veces el flete
    https://www.imf.org/external/np/fin/data/param_rms_mth.aspx

    Multimodal.

    Al no existir un marco jurídico uniforme tenemos:

    Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Multimodal Internacional de Mercancías de Ginebra (1980), llamado Convenio de Ginebra.

    https://unctad.org/system/files/official-document/tdmtconf17_es.pdf

    Deberá ser aplicable por voluntad de de las partes ya que éste no se encuentra en vigor por falta de ratificaciones.

    Tiene los siguientes límites:

    – Pérdida y avería, habiendo un tramo marítimo:
    920.-DEG/bulto ó 2,75.-DEG/kilogramo bruto.
    https://www.imf.org/external/np/fin/data/param_rms_mth.aspx

    Se aplicará la cantidad que resulte mayor según la siguiente regla.
    1 contenedor = 1 bulto.
    1 contenedor usado para agrupar bultos, el número de bultos será el indicado en el

    Bill of Lading.

    – Pérdida y avería no habiendo ningún tramo marítimo:
    8,33 DEG/kilogramo bruto
    https://www.imf.org/external/np/fin/data/param_rms_mth.aspx

    – Retraso en la entrega: 2,5 veces el precio del transporte

    FIATA Bill of Lading.
    https://fiata.cdn.prismic.io/fiata/1d11e01d-a486-417f-83e1-99f5c283431a_STCs_and_FBL_TCs.pdf

    Suelen emitirse bajo las reglas de la UNCTAD y la CCI relativas a los documentos de transporte multimodal del año 1991.

    https://unctad.org/es/system/files/official-document/tradewp4inf.117_corr.1_es.pdf

    con los siguientes límites.

    – Pérdida y avería habiendo un tramo marítimo:
    666,67 DEG/bulto ó 2 DEG/ kilogramo bruto.
    https://www.imf.org/external/np/fin/data/param_rms_mth.aspx
    Se aplicará la cantidad que resulte mayor según la siguiente regla.
    1 contenedor = 1 bulto.
    1 contenedor usado para agrupar bultos, el número de bultos será el indicado en el Bill of Lading.

    – Pérdida y avería no habiendo un tramo marítimo:
    8,33 DEG/kilogramo bruto
    https://www.imf.org/external/np/fin/data/param_rms_mth.aspx

    – Retraso en la entrega:
    El precio del transporte.

    ¿Es interesante contratar un seguro que no te va a cubrir más que las indemnizaciones indicadas?

    Si no te supone un perjuicio económico grave, siempre es preferible que tu seguro te pague a que tengas que pegarte con el seguro de un tercero.

    Incoterms, seguro y derecho al cobro.

    Fuente: https://almacendederecho.org/derecho-al-cobro-la-indemnizacion-seguro-transporte
    Publicado por María Luisa Muñoz Paredes | Sep 5, 2016 | María Luisa Muñoz Paredes.

    Derecho al cobro de la indemnización en un seguro de transporte

    ¿Quién tiene derecho a cobrar la indemnización derivada del seguro de transporte, si quien lo contrata es el cargador-vendedor y el siniestro se produce después de la transmisión del riesgo [de la compraventa] al comprador?

    Planteamiento

    En el transporte terrestre de mercancías sucede con frecuencia que el porteador (transportista) contrata el seguro de las mercancías por cuenta propia, aunque no sea propietario de ellas.

    En estos casos se plantean problemas cuando el dueño de la mercancía pretende cobrar la indemnización, puesto que no ha contratado el seguro ni aparece en la póliza como asegurado, lo que ha obligado a la jurisprudencia a acuñar una solución discutible que consiste en reconocerle acción directa frente a la aseguradora, como si de un seguro de responsabilidad civil se tratara.

    Aparte de esta situación jurídica, tan común, hay otra menos conocida, pero muy interesante y que guarda con ella una cierta relación.

    Me refiero al caso de que sea el cargador (que es a su vez vendedor de las mercancías), quien contrata por cuenta propia un seguro de transporte terrestre, produciéndose un siniestro tras haberse transmitido el riesgo en la compraventa al comprador.

    También en este caso, como en el anterior, es difícil determinar quién está legitimado para el cobro de la indemnización derivada del siniestro, pues no está tan claro que deba ser quien figura en la póliza como asegurado (en el primer caso el transportista, en el segundo el vendedor).

    Siendo la primera de las dos situaciones descritas merecedora de un tratamiento demasiado amplio para este lugar, voy a referirme a la segunda de las expuestas, más fácil de estudiar en pocas páginas (de ambas me ocupo, en todo caso, en un artículo de inminente aparición en la Revista Española de Seguros, nº 167).

    Decisiones judiciales que niegan acción al comprador.

    Centrándonos, pues, en la hipótesis de que el cargador, que es a la vez vendedor de las mercancías, contrata por su propia cuenta un seguro de transporte, ocurre que cuando el comprador (que es quien sufre la pérdida, al haberse producido ya la transmisión del riesgo) reclama a la aseguradora el pago de la indemnización, alguna sencillamente niega que tenga acción alguna derivada del contrato de seguro, al no figurar en él como asegurado.

    Es el caso de la SAP de Málaga (Sección 5ª) de 10 de octubre de 2002, que revocó la sentencia de primera instancia, que condenaba a la aseguradora (solidariamente, según parece, con los vendedores) al pago a la propietaria de las mercancías. La aseguradora recurrió esta sentencia, alegando que la propietaria de las mercancías
    “no se encuentra legitimada toda vez que el contrato de seguro de transporte terrestre al haber sido suscrito con la (…) vendedora de la mercancía, como tomador y asegurada, y constituir su objeto las cosas transportadas y no el patrimonio del asegurado, el tercero propietario de las mercancías carece de acción para reclamar a la compañía aseguradora la indemnización por los daños producidos a las mercancías, siendo solo titular de la misma el tomador y asegurado”.

    El motivo fue estimado por la Audiencia en los siguientes términos:

    “Pues bien la solución que se alcanza no es otra que la estimatoria del motivo alegado por la parte recurrente ya que constituyendo el seguro de transporte terrestre un tipo de seguro de daños caracterizado por que el objeto asegurado son las mercancías transportadas y no el patrimonio del asegurado-tomador del seguro, los efectos del contrato despliegan su eficacia entre las partes contratantes y no frente a terceros de manera que éstos únicamente gozan de acción para reclamar al patrimonio del transportista, o dicho en otros términos carecen de la acción directa que el art. 76 LCS concede a los perjudicados para reclamar de la Compañía aseguradora, no pudiendo compartirse el razonamiento que al amparo de lo dispuesto en el art. 1140 del CC se establece en la sentencia de instancia en orden a que existe una relación de solidaridad entre los demandados que permite la condena de la Cía. aseguradora, pues para que ello fuese así se haría precisa la existencia de un vínculo entre las partes en el que poder apoyar la solidaridad aun cuando dicho vínculo estuviese sujeto a distintas modalidades que el precepto citado recoge, vínculo que no existe en cuanto que el objeto del contrato de seguro se opone frontalmente al objeto propio del seguro de responsabilidad civil, siendo prueba de ello que la propia LCS contempla y regula la acción directa del perjudicado en el art. 76 de su Título 2º Sección 8ª no haciéndolo ni en la Sección 4ª en la que regula el seguro de transporte ni en las disposiciones generales de la Ley reguladas en el Título 1°, por todo lo cual y sin necesidad de entrar a conocer del motivo relativo a la prescripción de la acción procede revocar la sentencia apelada”.

    Análisis: el comprador es el verdadero asegurado

    En el caso que acabamos de recoger, el seguro no lo había contratado el porteador por su cuenta, sino el vendedor de las mercancías, pero se produce el mismo problema, pues hay un sujeto (el titular de las mercancías en un caso y el comprador en otro, que es el que aquí nos preocupa) que sufre la pérdida y sin embargo frente a la aseguradora es un simple tercero.

    Sin embargo, esa condición de tercero, que le atribuye la sentencia que comentamos, sólo la tendría en una fase inicial, y en esto discrepamos totalmente de la postura del tribunal.

    Es cierto que, si la propiedad se transmite con la entrega de la mercancía, el comprador todavía no es propietario de ella cuando se produce el siniestro.

    Pero lo determinante, a mi juicio, no es saber quién es el propietario de las mercancías en el momento del siniestro, sino quién sufre los daños directos derivados de su pérdida.

    Lo relevante aquí para determinar quién es el titular del interés en el seguro no es en qué momento se transmite la propiedad de las cosas aseguradas, sino en qué momento se transmite el riesgo en la compraventa, pues, como se sabe, una vez transmitido el riesgo al comprador, es éste quien sufre la pérdida de las cosas compradas y queda obligado (a pesar de ella) a pagar el precio pactado -si es que no ha pagado por adelantado-.

    Y si, como es habitual en la compraventa con expedición (como era el caso), el riesgo se transmitía del vendedor al comprador con la entrega de la mercancía al (primer) porteador, el riesgo de la pérdida en el momento del siniestro era del comprador, no del vendedor.

    Por el contrario, si otra cosa se hubiese pactado en cuanto a la transmisión de los riesgos y aún no se hubiera transmitido el riesgo al comprador cuando se produjo el siniestro, es innegable que el interés lo tendría aquél.

    Si nos atenemos a la realidad práctica de la venta con expedición, y al precepto que la regula en la Convención de Viena de 1980 (art. 67) y que sirve de modelo también para la redacción de contratos de compraventa de mercancías sometidos al Derecho interno, el riesgo se transmite con la entrega al (primer) porteador, de modo que nos hallamos ante un caso evidente de pérdida sobrevenida del interés por parte del vendedor, en el que si éste cobrase la indemnización se infringiría lo dispuesto en el artículo 25 LCS.

    El artículo 25 LCS dice, en efecto, que
    “… el contrato de seguro contra daños es nulo si en el momento de su conclusión no existe un interés del asegurado a la indemnización del daño”,
    pero se entiende (F. Sánchez Calero, Ley de Contrato de Seguro, 4ª ed., Cizur Menor, 2010, sub art. 25, p. 602) que no basta que este interés exista sólo en el momento de la conclusión, sino que debe mantenerse durante toda la vigencia del seguro, y si la cosa asegurada se transmite a un tercero a través de una compraventa -o al menos se transmite a éste el riesgo de su pérdida, el interés, que antes tenía el vendedor, pasa al comprador.

    No obstante, y aunque es necesario que subsista el interés durante toda la vigencia del seguro de daños, pues sin interés no hay daño, como dice el recordado profesor Sánchez Calero (ibi., pp. 604-606), el artículo 25 LCS sólo declara la nulidad del contrato si no existía el interés en el momento de la conclusión, luego si existía en ese momento, pero se pierde de manera sobrevenida, no se produce la nulidad, aunque sí es causa de resolución del seguro. Si, en cambio, se trasmite la cosa a un tercero, el interés no se pierde (o se pierde sólo respecto del transmitente), sino que se transmite al tercero y con el interés, el propio seguro que cubre los riesgos que le afectan (ex artículo 34 LCS).

    Por tanto, el derecho del vendedor a cobrar la indemnización está claro si se transmite la propiedad de la cosa antes de la producción del siniestro. El artículo 34 LCS dispone que

    “[e]l adquirente se subroga en el momento de la enajenación en los derechos y obligaciones que corresponden en el contrato de seguro al anterior titular”.

    Si la transmisión de la propiedad ya se hubiera producido en el caso que estudiamos, sería indudable la aplicación de este precepto (que es, por otra parte, de aplicación general a todo seguro de daños, también al seguro de transporte), por lo que el comprador, aunque apareciera formalmente en la póliza como asegurado el vendedor, habría adquirido la condición de asegurado ex lege durante la vigencia del seguro de transporte, de manera que cuando reclamó el cobro a la aseguradora no sería ya un tercero respecto a ella.

    Por el contrario, si en este caso en lugar de dirigirse el comprador contra la aseguradora se hubiera dirigido el vendedor (cosa que aquí no ocurrió), la compañía podría haberse opuesto al pago, esta vez con razón (por pérdida sobrevenida del interés), por las razones expuestas.

    En consecuencia, el comprador no necesitaría aquí que se le reconociera legitimación para ejercitar la acción directa como si fuera un tercero (tal como intentó la defensa del comprador) en un seguro de responsabilidad civil, porque ya no sería un tercero respecto a la compañía y podía haber reclamado como asegurado de cosas, sin necesidad, pues, de desnaturalizar el seguro realmente contratado.

    Si esta conclusión es innegable, a mi juicio, en caso de que se hubiera producido ya la transmisión de la propiedad de las mercancías cuando se produjo el siniestro, creo (pese a la interpretación generalizada de que conforme al art. 34 LCS no hay trasmisión de la relación aseguradora sin trasmisión de la propiedad de la cosa, defendida entre otros por el propio Sánchez Calero, loc. cit., p. 753) que debe llegarse al mismo resultado aunque sólo se hubiera transmitido el riesgo de la compraventa y no la propiedad, porque lo relevante aquí, a efectos de determinar la titularidad del interés en el seguro, como quedó dicho, no es tanto quién fuera formalmente propietario en el momento del siniestro, sino quién sufría directamente en su patrimonio la pérdida de las mercancías y es indudable que si el vendedor ya había cumplido con la entrega al porteador y, desde ese momento, el riesgo era del comprador, aquél recibiría en todo caso el precio, aunque perecieran las mercancías, y sería el comprador el que se vería afectado directamente por su pérdida.

    A mi juicio, el verdadero asegurado (de cosas) es, sin duda, el comprador y no sería legítimo el pago de la indemnización al vendedor (que ha cobrado o tiene derecho a cobrar el precio de la compraventa) por mucho que figurara en la póliza como asegurado, pues generaría a su favor un enriquecimiento injusto, frontalmente contrario al principio indemnizatorio (art. 26 LCS).

    La postura que sostengo es, además, coherente con la que mantiene en varias sentencias el Tribunal Supremo en una cuestión muy cercana a ésta, aunque perteneciente al ámbito del seguro marítimo (v. STS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, de 7 marzo de 2007, y las que cita): la facultad de subrogación de una aseguradora frente al transportista cuando el seguro cubre los riesgos derivados del transporte de una mercancía vendida con la cláusula CIF y la aseguradora abona la indemnización al vendedor y no al comprador.

    Según esta doctrina, la aseguradora que ha pagado la indemnización por la pérdida de las mercancías ya embarcadas al vendedor, en lugar de al comprador, no puede subrogarse, pues, al ser una venta CIF y transmitirse los riesgos de la compraventa al comprador al sobrepasar la mercancía la borda del buque o al situarse a bordo del buque (según la versión de los Incoterms a que se acojan las partes), a partir de ese momento, el vendedor pierde el interés asegurado y con ello el derecho a cobrar la indemnización derivada del seguro en favor del comprador.

    El interés se reconoce, por tanto, sólo en quien sufre las consecuencias dañosas de la pérdida, el comprador, atendiendo al régimen de transmisión de los riesgos de la venta pactado, y no al momento de la transmisión de la propiedad.

    Es más, si en una interpretación ultraortodoxa del artículo 34 LCS, que aquí rechazamos, se estimara que no cabe entender subrogado al comprador en la posición jurídica que ocupaba el vendedor en el seguro con la sola transmisión de los riesgos de la compraventa, habría que entender en todo caso que es una hipótesis de pérdida sobrevenida del interés del asegurado (vendedor), contraria al artículo 25 LCS, por lo que este tampoco tendría derecho al cobro de la indemnización, pues en caso contrario se le permitiría cobrar dos veces: por un lado, el precio de la compraventa y, por otro, el resarcimiento (por la vía del seguro) de unos daños que no ha sufrido (frente a lo que dispone el art. 26 LCS, que es inderogable por acuerdo de partes).

    En fin, para evitar este problema, que puede derivar en que no se reconozca ni al vendedor ni al comprador acción contra la aseguradora, la solución más viable, y que contemplan las pólizas al uso, es designar como “beneficiario” del seguro de transporte al comprador.

    Aunque la figura del beneficiario es propia de los seguros de sumas, y en ellos encuentra su pleno sentido cuando el siniestro que origina el derecho a la indemnización es la muerte del asegurado, se utiliza aquí, en el seguro de transporte terrestre, por asimilación, para referirse a la “[l]a persona, física o jurídica que previa cesión por el Asegurado, resulta titular del derecho a la indemnización” (v., por ejemplo, Póliza Unespa).

    Claro está que aquí, en un seguro de daños en las cosas, la problemática es distinta, pues el recurso a la designación de un beneficiario sirve en particular para que los cambios en la propiedad derivados de los negocios traslativos del dominio conexos al transporte asegurado se reflejen expresamente en el propio seguro, eliminando incertidumbres de terceros no contratantes que puedan llegar a tener interés directo en las cosas transportadas).

    Obsérvese que el problema es distinto cuando quien ha contratado el seguro es el porteador por cuenta propia, porque en tal caso no es que haya una pérdida sobrevenida del interés del inicial asegurado, por transmisión de la cosa asegurada (o, al menos, de los riesgos de su pérdida) a quien luego reclama (y consiguiente transmisión del interés sobre la misma), sino que el porteador carece de interés sobre la mercancía en todo momento, en el de la conclusión del contrato y en el del siniestro, por lo que no entraría en juego en este último caso el artículo 34 LCS, sino el artículo 25 de la misma Ley.

    María Luisa Muñoz Paredes, Profesora Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Oviedo. He publicado dos libros en materia de seguros, El seguro a valor nuevo (Madrid, 1998) y El seguro a primer riesgo (Madrid, 2002) y otro, orientado a la docencia, titulado Lecciones de Derecho de sociedades mercantiles (Univ. de Oviedo, 2014), además de numerosos artículos en revistas científicas y participaciones en obras colectivas. Soy especialista en Derecho de seguros, pero me interesan sectores muy diversos, teniendo publicaciones también en materia de sociedades, concursal, o títulos-valores. Una buena muestra de mis publicaciones aparece en Dialnet.

    Diferencias Incoterms 2010 vs 2020.

    Con la introducción de los Incoterms 2020, se mantienen los once Incoterms 2010 salvo en el caso de DAT, que se ha reemplazado por el DPU.

    El resto de los incoterms 2010 se mantienen respecto a los nuevos incoterms 2020.

    • DAT-Reemplazo del incoterm DAT por el DPU
    • CIP-Ampliación de la cobertura del seguro de transporte que ha de contratar el exportador en el incoterm CIP, y que debe ser uno de cobertura ICC-A.
    • En las reglas DAP, DPU, DDP y FCA, el exportador / importador podrá recurrir al transporte de la mercancía con medios propios según ellos.

    Las navieras, dueñas de sus contenedores, no siempre ceden el transporte.

    En fin.

    CASO APARTE O DIFERENCIA APARTE.

    FCA – Con el incoterm FCA, el importador podrá indicar al porteador / transportista por el contratado, que emita un conocimiento de embarque, Bill of Lading, “a bordo”, para el exportador.

    Cojonudo.

    ¿De veras crees que, si el comprador es un intermediario, que ha vendido en origen o en destino a un tercero, va a permitir que el vendedor a través del Bill of Lading pueda saber quiénes son esas dos figuras y contactar con ellas?

    ¿No se han dado cuenta que este problema, cuando interviene un transporte marítimo y el crédito documentario requiere un Bill of Lading, se tiene también cuando se vende en condiciones FOB?

    ¿Y por qué solo con el FCA y no también con el EXW, FAS o FOB también?

    Un FCA puede estar a cientos de kilómetros de un puerto, pero ¿y un FOB?

    ¿Tengo que meter la mercancía dentro de un buque y no tengo la opción de conseguir un Bill of Lading, “a bordo” como con el FCA?

    A lo mejor, y como muchos “profesionales” piensan, el hecho de meter la mercancía a bordo de un buque me da el derecho de conseguir el Bill of Lading.

    Nanai.

    Y no sólo esto, un Bill of Lading correctamente emitido es incompatible con cobrar con un crédito documentario sin discrepancias.

    ¿En qué documentos debo incluir los Incoterms®?

    Se deben nombrar o incluir los Incoterms® en todos los documentos posibles, pero principalmente en aquellos en los que se establece la descripción de la operación de compraventa internacional, como pueden ser el contrato de compraventa, la factura proforma, debidamente firmada por las dos partes se puede utilizar como precontrato, y la factura comercial definitiva.

    Te recuerdo de nuevo que cuando incorpores los Incoterms® en el contrato de compraventa, y en tu factura de venta, de forma explícita, deberemos incluir siempre la palabra «Incoterms® «, el año de la versión a la que se refieren, en la actualidad (“Incoterms® 2020”), además del Incoterm elegido y el puerto, lugar o punto designado.

    Indica, sin ninguna duda, la dirección de entrega de la forma más específica posible, incluyendo ciudad y país cuando sea así.

    Recuerda que los Incoterms indican, que en caso de que no se hubiese designado un lugar específico para la entrega de la mercancía, y hubiera varios posibles, una empresa con distintos almacenes, por ejemplo, el vendedor podrá elegir el que más le convenga.

    Y hay países muy grandes.

    Así que, si compras en condiciones EXW, FCA, FAS o FOB, el vendedor debe indicar de forma indudable, donde vas a tener que ir a por la mercancía en el caso de EXW y FCA, y poneros de acuerdo desde el minuto uno, del puerto de embarque y terminal/muelle en el caso de FAS y FOB.

    En el caso de FAS, al ser un puerto el lugar de entrega, se debe especificar el nombre del muelle/terminal para que no exista duda de dónde dirigirse.

    En FOB, CFR y CIF, bastaría el nombre del puerto en origen para FOB, y el de destino para CFR y CIF, incluyendo en todos los casos el país.

    Hay dos puertos que se llaman Manzanillo, uno en México y otro en Panamá. Qué gracia si por no indicar el país, envío o recibo la mercancía en el país contrario,

    ¿verdad?

    Un poco de historia acerca de los Incoterms®.

    La primera versión de los Incoterms® data del año 1.936, y se refiere a un estándar internacional de términos comerciales, desarrollado, mantenido y promovido por la Comisión de Derecho y Práctica Mercantil de la Cámara de Comercio Internacional (CLP-ICC).

    Dichas reglas fueron conocidas con el nombre de Incoterms® 1936.

    Incoterms 1936.

    ¿Quieres leer el condicionado de los Incoterms del año 1936? Aquí lo tienes

    A ellas se les han ido introduciendo enmiendas y adiciones en los años 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010 y esta última 2020, a fin de ponerlas al día, je, je, con respecto a las más recientes prácticas comerciales internacionales.

    – Los once términos actuales facilitan que compradores y vendedores de diferentes países se entiendan entre sí.

    – Si se utiliza el Incoterm FOB, por ejemplo, éste significa lo mismo aquí, que en Pekín.

    – Son términos usados habitualmente en los contratos internacionales.

    Ya que a menudo las partes de un contrato tienen un conocimiento impreciso de las distintas prácticas comerciales utilizadas en los respectivos países, la Cámara de Comercio Internacional publicó esta serie de reglas internacionales, con la intención de evitar o reducir posibles malentendidos, litigios y procesos, con todo lo que ello implica en términos de pérdidas de tiempo y dinero.

    Ejemplo real, pero desgraciado, de un Incoterm®.

    Aunque esta fue una noticia fatídica por la cantidad de fallecidos producidos por una supuesta contaminación alimentaria, producida también y supuestamente por pepinos españoles, no podemos dejar de mencionarla debido a que uno de los puntos en los que se basa la nota de prensa de la empresa implicada para demostrar su inocencia y posible implicación es el tipo de Incoterm® utilizado a la hora de realizar el transporte desde España hasta Alemania como sigue,
    ****
    Mayo 2011
    Nota de prensa:

    Ante la alerta sanitaria surgida en el producto Pepino producido por la bacteria scherichio colii, Hortofrutícola Costa de Almería, S.L.

    Comunica que:

    1.-Nuestra entidad está colaborando como no puede ser de otra manera con las autoridades sanitarias aportando toda la información que las mismas le requieran.

    2.-Nuestra sociedad mantiene unos protocolos de control, certificados por entidades independientes que permiten asegurar que nuestros procesos de producción, manipulado y comercialización cumplen plenamente la legislación vigente, así como distintos protocolos privados mucho más exigentes que la propia legislación.

    3.-Por otra parte, la venta de la partida de pepinos supuestamente contaminada, técnicamente se produjo bajo cláusula INCOTERMS® FOB, lo que implica que desde el momento en que se produce la carga del camión no controlamos las operaciones que con posterioridad se hayan podido producir por el cliente y en destino.

    4.-Dada la escasa y confusa información recibida de las autoridades y habiéndose realizado comprobaciones en nuestro sistema de trazabilidad, todo apunta a una más que probable contaminación en destino.

    Según se vaya disponiendo de una información mayor se procederá a ampliar esta nota.

    https://www.fhalmeria.com/noticia-24595/horticola-costa-de-almeria-sera-indemnizada-por-alemania-por-la-crisis-de-la-ecoli-en-2011

    EJEMPLO CONDICIONES GENERALES DE VENTA – xxxxx, S.A.U con Incoterms, UCP600 y reserva dominio.

    1.- Definiciones. – En estas Condiciones, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se indica:

    – “el Vendedor” significa xxxxxxx, S.A.U.

    – “el Cliente” significa la persona física o jurídica con la que el Vendedor contrata la venta de la Mercancía.

    – “la Mercancía” significa el producto que el Vendedor vende al Cliente de conformidad con el Contrato.

    – “el Contrato” significa el contrato de compraventa y/o suministro de la Mercancía entre el Vendedor y el Cliente, al que se incorporan estas Condiciones Generales de Venta.

    – “Condiciones Generales” significa estas Condiciones Generales por las que se rigen las ventas del Vendedor, bien sea directamente o a través de sus agentes o comisionistas. Las Condiciones no serán de aplicación a los contratos cuyo objeto principal sea distinto a una venta o suministro de productos de acero inoxidable, salvo que se acuerde expresamente su aplicación.

    2.- Ámbito de aplicación. – La información sobre precios, cantidades o plazos de entrega procedente del Vendedor, tendrá la consideración de una mera invitación al Cliente a hacer pedidos sujetos a la aceptación de aquél. Los pedidos en contestación al envío de dicha información, o la aceptación de la misma, no darán lugar a un contrato, que sólo se entenderá celebrado cuando el Vendedor acepte el pedido del Cliente mediante la correspondiente confirmación de pedido o sales acknowledgement, en las condiciones establecidas en dicha aceptación.

    Estas Condiciones Generales son las únicas bajo las que el Vendedor vende, y quedarán incorporadas al Contrato con exclusión de cualquier otro término o condición, incluso los señalados o citados en el pedido del Cliente y demás documentos del Contrato, en la medida en que sean contrarios a aquéllas. Estas Condiciones Generales sólo podrán ser modificadas con la conformidad del Vendedor, mediante un documento firmado por éste y para casos individualmente considerados.

    Además de estas Condiciones Generales, se aplicarán las especificaciones técnicas y los términos comerciales internos del Vendedor relativos, entre otros, al transporte, pedidos mínimos o embalaje, y que el Cliente podrá solicitar en cualquier momento al Vendedor. Dichos términos y especificaciones quedan incorporados a las presentes Condiciones Generales.

    3.- Precio. – Los precios excluyen cualquier tributo o gasto relativo a la venta de la Mercancía y a su transporte y entrega, así como, en su caso, los extras o recargos (extra de aleación, etc.) que se pudieran aplicar sobre el precio.

    Dichos importes serán asumidos por el Cliente, salvo que la normativa aplicable establezca otra cosa o ya estén expresamente incluidos en el precio.

    Los precios señalados en las cotizaciones, estimaciones u otros documentos emitidos por el Vendedor antes de la aceptación de pedido, no son vinculantes para éste.

    El precio definitivo será el acordado en el Contrato con el Cliente, y se entenderá en EUROS, salvo que se indique otra cosa. El recargo o extra de aleación se añadirá, en su caso, al precio pactado, así como cualesquiera otros recargos o extras aplicables al precio. El recargo o extra de aleación que se aplicará será el del mes de la fecha de compromiso de entrega de la mercancía que se haya acordado con el cliente en la confirmación del pedido. Igual sucederá con cualesquiera otros extras o recargos aplicables sobre el precio.

    El Vendedor podrá modificar al alza el precio de la Mercancía entre la fecha de celebración del Contrato y la de pago únicamente en los siguientes supuestos: (i) variación substancial de los precios internacionales de las materias primas (incluyendo la energía) de la Mercancía y/o del tipo de cambio; (ii) gastos adicionales relativos a la Mercancía o a su entrega. El Cliente asumirá los anteriores incrementos de precio debidamente acreditados.

    4.- Pago y garantías. – El pago del precio de la Mercancía se verificará en el plazo y forma pactadas, siendo por cuenta del Cliente todos los gastos derivados del sistema de pago acordado.

    En caso de que haya varias facturas vencidas pendientes de pago con condiciones homogéneas, los importes recibidos se imputarán por orden de antigüedad del vencimiento, cubriéndose además de la cantidad facturada, los intereses que correspondan y los gastos que procedan.

    Cuando el pago se instrumente mediante crédito documentario, este se regirá por las Reglas y Usos Uniformes Relativos a los Créditos Documentarios en vigor de la Cámara de Comercio Internacional, y estará sujeto a la aceptación previa del Vendedor.

    En ausencia de acuerdo, el pago se hará con carácter previo a la entrega de la Mercancía. Si se utilizara cualquier otro medio de pago, éste no se entenderá efectuado hasta el ingreso efectivo de la cantidad correspondiente en la cuenta bancaria acordada.

    El pago del precio se hará efectivo en su totalidad, no admitiéndose pagos parciales. El procedimiento de pago deberá cumplir la normativa aplicable en materia de blanqueo de capitales.

    El Vendedor tendrá derecho a optar por el cumplimiento forzoso del Contrato, o su resolución, en ambos casos con derecho a la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, si el Cliente se encuentra en cualquiera de las siguientes situaciones: (i) incumple su obligación de pago o cualquier otra obligación derivada del Contrato, o de cualquier otro contrato celebrado con el Grupo xxxxxx; (ii) se encuentra en liquidación o cualquier otra situación de insolvencia que le impide cumplir con los términos y obligaciones acordados.

    Si el Vendedor tuviera motivos fundados para creer que el Cliente no podrá hacer frente a las obligaciones derivadas del Contrato, o de cualquier otro contrato celebrado con el Grupo xxxxx, podrá en cualquier momento suspender el cumplimiento del mismo, salvo que con carácter inmediato el Cliente pague por anticipado las entregas pendientes, y satisfaga los demás pagos vencidos derivados de otros contratos con el Grupo xxxxx, o entregue al Vendedor una garantía bancaria o de otro tipo, por el mismo importe, que sea aceptable para éste.

    El Vendedor notificará inmediatamente la suspensión, otorgando un plazo razonable al Cliente para que efectúe los pagos o entregue la garantía. Si el Cliente no lo hiciera en dicho plazo, el Vendedor tendrá los mismos derechos previstos en el párrafo anterior.

    Si en los supuestos señalados con anterioridad, el Vendedor hubiera ya expedido la Mercancía, estará legitimado para evitar la entrega de la misma al Cliente, aunque éste sea titular de un documento que le otorgue el derecho a obtenerla. Si el Vendedor resolviera el Contrato de conformidad con lo previsto en esta cláusula, el Cliente perderá automáticamente la facultad de vender o procesar la Mercancía sujeta a reserva de dominio según se establece en la Cláusula 7, estando obligado a su devolución o envío a otro destino que indique el Vendedor.

    Sin perjuicio de dicha resolución o cancelación, el Cliente pagará al Vendedor el precio de la Mercancía despachada con anterioridad a dicha resolución o suspensión.

    Las cantidades adeudadas por el Cliente en pago de la Mercancía que no se hagan efectivas en la fecha debida, devengarán intereses anuales hasta el pago del principal al tipo máximo de interés autorizado por la normativa aplicable de morosidad en las operaciones comerciales.

    El Cliente indemnizará además al Vendedor por los daños y gastos que le haya producido el incumplimiento.

    El Cliente no podrá compensar ni descontar de las cantidades adeudadas al Vendedor aquéllas que reclame a éste, ya sean derivadas del Contrato o de cualquier otro concepto, pudiendo sólo descontar las notas de abono emitidas por el Vendedor.

    Todas las ventas están sujetas –como condición esencial- a la política de riesgos comerciales del Vendedor que, entre otras condiciones, exige que todas las ventas con pago aplazado estén cubiertas en su totalidad y en todo momento por un seguro de crédito, u otra forma de garantía suficiente, aceptada expresamente por el Vendedor.

    5.- Entrega. – La entrega de la Mercancía se efectuará en el lugar señalado en el Contrato, o acordado posteriormente por las partes, con el medio de transporte y ruta que el Vendedor establezca.

    Si no se hubiera señalado un lugar de entrega, ésta se producirá en las dependencias del Vendedor, inmediatamente antes de su carga para transporte al Cliente (EXW – EX WORKS).

    El término comercial elegido se interpretará de conformidad con la edición de los INCOTERMS vigentes en la fecha de celebración del Contrato.

    El Vendedor podrá efectuar entregas parciales, emitiendo una factura por cada uno de dichos envíos. Por otra parte, salvo que se establezca otra cosa, la Mercancía señalada como material de stock u otro término similar, está sujeta a disponibilidad.

    Las fechas y plazos de envío o entrega de la Mercancía son aproximadas y no serán vinculantes para el Vendedor, no teniendo el plazo de entrega la consideración de término esencial.

    Dada la complejidad del proceso de fabricación de la Mercancía, si pese a haber hecho lo razonablemente posible para cumplir una fecha o plazo de entrega o envío contemplado en el Contrato, éstos no se cumplieran, dicho incumplimiento no tendrá la consideración de incumplimiento contractual del Vendedor que otorgue derecho al Cliente a resolver el contrato o a reclamar la indemnización de daños y perjuicios.

    En estos casos, el Vendedor tendrá derecho a una ampliación razonable del plazo o fecha de entrega o envío, que será comunicada lo antes posible al Cliente.

    Si la falta de entrega fuera debida a causas imputables al Cliente, éste deberá efectuar los pagos acordados como si se hubiera producido la entrega, asumiendo además todos los gastos que se generen.

    Con independencia de otros derechos que pueda otorgarle el Contrato, como la enajenación de la Mercancía no recepcionada o la resolución del Contrato, el Vendedor podrá proceder al almacenamiento de la Mercancía por cuenta y riesgo del Cliente, y previa solicitud de éste, a asegurarla contra pérdidas, en ambos casos siempre que el Cliente pague anticipadamente los gastos previsibles de almacenamiento y seguro.

    6.- Transmisión del riesgo. – La transmisión del riesgo de menoscabo, daños o pérdida de la Mercancía al Cliente se producirá de conformidad con el INCOTERM señalado en el Contrato, y en su defecto, se producirá: (i) con la entrega al primer porteador si el Contrato incluye el transporte de la Mercancía; (ii) en otros casos, desde que se ponga a disposición del Cliente (para su entrega y/o transporte) en las instalaciones del Vendedor conforme al Incoterm EXW – EX WORKS

    7. Reserva de dominio. – Sin perjuicio de su entrega y transmisión del riesgo al Cliente, la Mercancía será propiedad del Vendedor hasta el pago completo de su precio, y de cualquier otra cantidad adeudada por el Cliente al Vendedor por cualquier otro concepto que sea vencida, líquida y exigible y no haya sido satisfecha.

    Hasta que se produzca la transmisión de la propiedad al Cliente, el Cliente almacenará la Mercancía de manera adecuada y separada del resto, y en las condiciones necesarias para protegerla y conservarla, sin cargo para el Vendedor.

    No alterará o eliminará las marcas identificativas de la Mercancía ni su embalaje, asegurándose de que están claramente identificadas como propiedad del Vendedor.

    Si, pese a la anterior prohibición, la Mercancía fuera enajenada o procesada o combinada de cualquier forma con otros productos, el Vendedor mantendrá su titularidad o un derecho preferente respecto del precio de venta o del producto resultante respectivamente por un importe igual al valor de la Mercancía.

    En los supuestos contemplados en la Cláusula 4, el Vendedor podrá exigir al Cliente la inmediata devolución de la Mercancía, recuperando su posesión y pudiendo revenderla.

    Además, a instancia del Vendedor, el Cliente deberá adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos de aquel respecto de la Mercancía, debiendo informar al Vendedor inmediatamente de cualquier medida legal que terceras personas puedan iniciar o adoptar en relación a la Mercancía.

    Los derechos otorgados al Vendedor en esta cláusula tienen carácter de adicionales, y de ninguna forma excluirán o limitarán cualquier otro derecho o acción que pueda corresponderle al mismo.

    8.- Cantidad y Calidad. Garantía Comercial. – El Vendedor entregará la Mercancía en la cantidad y calidad establecida en el Contrato, de conformidad con las normas internacionales aplicables, y con el embalaje previsto en el mismo y en defecto de previsión expresa, con el que en cada momento utilice el Vendedor para ese tipo de mercancía.

    Será por cuenta del Cliente la gestión de los residuos del embalaje y cualesquiera otros relacionados con el material y/o utilizados en el transporte.
    Sin perjuicio de lo anterior, la Mercancía estará sujeta a las normas internas de tolerancia, denominación y clasificación del Vendedor.

    Además, el Vendedor garantiza que la Mercancía es apta para ser comercializada y está libre de cargas y derechos de terceros.

    El peso indicado por el Vendedor será el válido y definitivo, siempre que se haya utilizado una báscula homologada según las normas del país donde se haya producido o expedido la Mercancía. El Cliente podrá solicitar por escrito un recibo o justificantes del peso. Salvo acuerdo en contrario, las tolerancias de suministro en cantidad para cada tipo y cantidad total será de +/- 10% sobre la cantidad objeto del contrato.

    La Garantía Comercial queda limitada a lo señalado en esta cláusula, excluyéndose del Contrato cualquier otro tipo de garantía. En concreto, no se garantiza que la Mercancía: (i) sea apta para los usos específicos declarados o no por el Cliente; (ii) sea conforme a las muestras entregadas por el Vendedor, no teniendo naturaleza de venta sobre muestra; (iii) no tenga defectos derivados de materiales, especificaciones o información suministrada por el Cliente; (iv) sea apta para su uso si no ha sido manipulada o almacenada de la forma adecuada, o es procesada en maquinaria o condiciones inadecuadas, o si ha sufrido un mantenimiento o tratamiento inadecuado; (v) sea apta si se utiliza en la industria química o nuclear; (vi) tenga un concreto origen o fabricación.

    El Cliente inspeccionará la Mercancía inmediatamente tras su llegada al destino pactado, con el fin de determinar si ha sido dañada en tránsito y si es de la calidad, cantidad y peso señalados en la aceptación de pedido o en el documento de entrega.

    Los daños sufridos por la Mercancía en tránsito deberán hacerse constar en el documento de entrega por el Cliente.

    Si se encontrara algún defecto por el Cliente, la Mercancía no será procesada, y el Cliente, dentro de su obligación de mitigar los daños que pudiera sufrir, procederá a su adecuado almacenamiento, poniéndola a disposición del Vendedor para su análisis. En otro caso el Cliente perderá su derecho a reclamar dichos defectos.

    Los defectos de calidad y retrasos deberán notificarse por escrito al Vendedor inmediatamente tras ser descubiertos, o cuando razonablemente debieran haber sido descubiertos y, en todo caso, antes de los tres (3) meses contados desde la fecha de entrega.

    La notificación será motivada, con una descripción del defecto reclamado o retraso sufrido.

    La notificación de defectos no da derecho al Cliente a suspender o retrasar el cumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato suscrito.

    Una vez recibida la reclamación por defectos de calidad, si fuera aceptada por el Vendedor, éste podrá optar entre (i) reparar el defecto; (ii) entregar un producto de sustitución en el menor plazo posible; (iii) reducir el precio en proporción al defecto de la Mercancía; (iv) cancelar la venta de la Mercancía defectuosa, devolviéndose cada parte sus respectivas prestaciones.

    El Vendedor asumirá los gastos de transporte de la Mercancía o producto de sustitución, pero ningún otro gasto como, por ejemplo, los de desmontaje, retirada, instalación, desinstalación o procesamiento. Sin perjuicio de lo anterior, el Vendedor tendrá derecho a investigar la reclamación, y a exigir al Cliente las pruebas que considere necesarias.

    Si a resultas de la investigación quedara acreditado que no existe el defecto notificado, o éste no es responsabilidad del Vendedor, tendrá derecho a que el Cliente le reembolse los gastos incurridos por la reclamación.

    El Cliente no tendrá derecho a otro resarcimiento u acción distintos de los señalados en esta Condición 8, que absorbe y está dentro de los límites de la Condición 9. Por otra parte, esta garantía comercial no será de aplicación al producto que se venda como no de primera calidad.

    9.- Limitación de responsabilidades y prescripción de acciones.- El Vendedor no será responsable de los daños y perjuicios que el Cliente o terceros pueda sufrir como consecuencia de los actos y omisiones de aquél, sus empleados, directores y/o representantes en relación al Contrato o la Mercancía, que excedan del importe del precio de compra de la Mercancía defectuosa o retrasada, excluyendo los tributos, derechos de aduana, primas de seguro y otros costes distintos de los de la propia Mercancía.

    El Vendedor no será responsable de daños indirectos, penalizaciones, consecuenciales o patrimoniales puros de ninguna clase (incluyendo parada de producción), ni del lucro cesante que el Cliente, sus clientes, contratistas u otros terceros puedan sufrir como consecuencia de los actos y omisiones de aquél, sus empleados, directores y representantes en relación al Contrato o la Mercancía.

    Cualquier asesoramiento técnico proporcionado por el Vendedor verbalmente, por escrito o mediante la realización de ensayos, antes y/o durante la utilización de la Mercancía, se facilita de buena fe, pero sin garantía.

    El asesoramiento del Vendedor no libera al Cliente de su obligación de ensayar la Mercancía suministrada por el Vendedor para determinar su idoneidad para los procesos y usos a los que esté destinada.

    Por otra parte, sin perjuicio de lo anterior, el Vendedor no será responsable de la falta de cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones conforme al presente contrato si prueba que esa falta de cumplimiento se debe a un impedimento ajeno a su voluntad y si no cabía razonablemente esperar que tuviese en cuenta tal impedimento en el momento de la celebración del contrato, que lo evitase o superase o que evitase o superase sus consecuencias.

    Esta cláusula no limita la responsabilidad del Vendedor respecto de terceros que tengan la consideración de consumidores (no teniendo tal consideración el Cliente ni sus empresas relacionadas) de conformidad con la normativa comunitaria sobre producto defectuoso (actualmente Directiva 85/374/CEE) y su normativa de transposición al Derecho aplicable al Contrato.

    Esta ampliación de responsabilidad será aplicable exclusivamente en los casos y condiciones en que dicha normativa no permita de forma imperativa la limitación de dicha responsabilidad por acuerdo de las partes. En otro caso serán de plena aplicación las limitaciones establecidas en esta cláusula o en el Contrato.

    Todas las acciones que puedan surgir del Contrato o de la Mercancía, salvo las que correspondan al Vendedor por impago del precio, prescribirán al año desde la entrega de aquella o, subsidiariamente, desde su nacimiento.

    10.- Fuerza Mayor. – El Vendedor podrá suspender la ejecución del Contrato, sin que ello implique incumplimiento contractual alguno, por sucesos que no pudieran preverse, o que, previstos fueran inevitables y que dificulten o impidan dicha ejecución, mientras esos sucesos duren.

    Entre otros, se consideran fuerza mayor los siguientes sucesos: (i) guerras, ya sean declaradas o no, guerra civil, revueltas y revoluciones, actos de terrorismo, piratería y sabotaje; (ii) desastres naturales tales como huracanes, ciclones, terremotos, maremotos, inundaciones o destrucción por rayo; (iii) explosiones, incendios, destrucción de maquinaria, factorías o de cualquier otro tipo de instalación; (iv) epidemias y pandemias; (v) boicot, huelgas y cierres patronales, paradas de producción, y ocupación de factorías e instalaciones; (vi) embargos, restricciones o sanciones comerciales, actos de los poderes públicos, ya sean legítimos o no, respecto de los que el Vendedor no haya asumido el riesgo en virtud del Contrato; (vii) escasez de mano de obra, energía o materias primas; (viii) restricciones en las comunicaciones o en los transportes; (ix) retrasos o incumplimientos de los subcontratistas.

    El Vendedor deberá notificar por escrito al Cliente la suspensión del Contrato, y si ésta durara más de cinco (5) semanas consecutivas, cualquiera de las partes podrá resolverlo previo aviso por escrito, sin perjuicio del derecho del Vendedor a cobrar el precio de la parte de la Mercancía expedida al Cliente con carácter previo a la suspensión del Contrato, y a ser reembolsado de cualquier otro gasto en relación al Contrato devengado antes de su resolución.

    El Cliente no podrá pedir compensación o indemnización alguna en cualquiera de los supuestos previstos en esta cláusula.

    11.- Suspensión del Contrato. – Sin perjuicio de lo previsto en la cláusula anterior, el Vendedor se reserva la facultad de modificar las fechas de entrega del objeto del contrato o suspender -total o parcialmente- su ejecución, en cualquier momento, en cualquiera de los siguientes supuestos:

    (i) se produzca en el mercado una falta de materias primas, repuestos o medios de transporte; (ii) se produzca en el mercado un notable incremento en los precios de las materias primas (incluyendo la electricidad, gas y/o similares); (iii) se ordene por una Autoridad la paralización de actividades industriales como consecuencia de problemas en la demanda de energía, gas u otras materias primas, o se impongan por dicha Autoridad condiciones que dificultasen o graven notablemente el desarrollo de la actividad productiva del fabricante; (iv) se produzcan o incidan en los mercados internacionales y/o en la actividad del fabricante o vendedor circunstancias que impliquen o supongan la inviabilidad comercial (“commercial impracticability”) del contrato y/o éste pierda el equilibrio en sus prestaciones recíprocas originales.

    En cualquiera de estos supuestos, el Vendedor notificará al Cliente la modificación de las fechas de entrega o la suspensión (total o parcial) de la ejecución del Contrato que será efectiva desde ese mismo momento. Con esta comunicación ambas partes se comprometen a negociar -conforme a la mejor buena fe- una solución amistosa sobre los precios aplicables o las fechas de entrega previstas, en función del cambio de circunstancias existentes, reajustando el equilibrio en las prestaciones contractuales.

    Si esta paralización y/o la negociación se prolongan durante más de 60 días, el Cliente tendrá derecho a desistir del Contrato sin derecho a compensación o indemnización alguna.

    La reanudación de la ejecución del Contrato deberá ser notificada por escrito por el Vendedor al Cliente.

    12.- Cesión. – El Cliente no podrá ceder, gravar o transferir de cualquier forma el Contrato, ni los derechos u obligaciones nacidos del mismo, sin el consentimiento escrito previo del Vendedor. El Vendedor podrá ceder las facturas o los derechos de crédito a terceros, en cualquier momento, sin necesidad de consentimiento del Cliente.

    13.- Renuncia de derechos. – Los derechos del Vendedor en relación al Contrato no se entenderán renunciados por la concesión de aplazamientos u otro tipo de indulgencias, o por la falta de ejercicio de las acciones derivadas de los mismos.

    14.- Nulidad. – Si alguna Condición de este documento resultara nula o anulable en todo o parte, en virtud del Derecho que resulte aplicable, será omitida del mismo sin afectar a la validez de las demás.

    15.- Cumplimiento normativo. – El Cliente declara no estar afectado por sanciones económicas, control de exportaciones, embargos comerciales y/o medidas restrictivas análogas que resulten de aplicación a este contrato y/o su objeto. Esta declaración se extiende a sus accionistas que tengan más del 25% de su capital, sociedades relacionadas, administradores, apoderados, directivos y empleados.

    El Cliente garantiza que la Mercancía no será utilizada, en todo o en parte, antes o después de ser procesada para su reventa (incluida la re-exportación a países/personas restringidas) ni para su utilización o transformación con fines prohibidos en incumplimiento de la citada normativa vigente en cada momento.

    El Cliente también garantiza que todos los pagos relacionados con el presente Contrato se realizarán a través de instituciones bancarias o financieras reputadas que no estén sujetas a embargos, restricciones o sanciones impuestas por las autoridades públicas de cualquier Estado o territorio, ni se vean afectadas por ellos.

    Ambas partes y sus representantes deberán cumplir en todo momento las obligaciones recogidas en el Contrato, así como la normativa aplicable al mismo, especialmente la relativa a blanqueo de capitales y anticorrupción.

    Las partes acatarán y respetarán los principios de la iniciativa Global Compact.

    Dichos principios conciernen en lo esencial a la protección de los derechos humanos, condiciones laborales mínimas, responsabilidad medioambiental y evitación de la corrupción.

    En www.unglobalcompact.org se puede obtener más información acerca de la iniciativa Global Compact.

    En caso de que el Vendedor detectase por parte del Cliente algún incumplimiento de dichos principios o de la normativa de blanqueo y/o anticorrupción, o sospechase de la existencia de conductas contrarias a los Derechos Humanos, podrá suspender o cancelar el Contrato sin derecho a indemnización o compensación alguna.

    Esto mismo sucederá en caso de que al Cliente, sus directivos, empleados, representantes o agentes, así como a las entidades financieras utilizadas, les sea impuesta alguna Sanción o Restricción comercial por parte de cualquier autoridad pública o estatal.

    16.- Protección de datos. – La normativa aplicable en materia de protección de datos establece la obligación por parte del Vendedor de entregar información a cualquier cliente sobre el tipo de tratamiento de datos personales que se efectúa de sus datos personales. A estos efectos, se entrega la información recogida en el Anexo nº1 de estas Condiciones.

    17.- Jurisdicción y Derecho aplicable. – En defecto de lo dispuesto en el Contrato, éste se regirá e interpretará de conformidad con el Derecho común español, sometiéndose el Cliente -con renuncia expresa a su propio fuero- a los juzgados y tribunales de Madrid capital.

    No será de aplicación la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, hecha en Viena el 11 de abril de 1980, ni cualquier otra que la sustituya.

    Sin perjuicio de lo anterior, el Vendedor se reserva el derecho de acudir a los tribunales del país de nacionalidad o residencia del Cliente para reclamar cualquier cantidad que éste le pueda adeudar.

    En tal caso el Derecho aplicable será la legislación del país en el que se presente la reclamación.

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